A la destitución de Celaya siguió la destitución de Fernando Lugo y ahora en Colombia se aplica parecida receta para destituir al Alcalde de Bogotá, utilizando el articulado de unas leyes que carecen de legitimidad.
Conviene recordar que la elección de los representantes del pueblo es un ejercicio de delegación de soberanía y que la soberanía reside en el pueblo y no en los poderes del Estado y mucho menos en unas leyes genéricas interpretadas mediante juicios de valor harto discutibles.
Las oligarquías criollas, ya no pueden acudir al golpe militar para derrocar a los gobernantes de izquierda, eso ya no está bien visto por el resto de las naciones, no es aceptable entre las "democracias formales", esas democracias que lo son tan solo en apariencia.
Colombia vive un proceso diálogo que pretende cerrar las heridas de una guerra soterrada y cruel, que ha generado miles de víctimas civiles y mantiene enfrentados a los colombianos en bandos irreconciliables.
La izquierda colombiana en su conjunto, ha evolucionado con los tiempos, hacia posiciones cada vez más cercanas a la persuasión y el diálogo, que le permita llegar a un entendimiento con los agentes de la oligarquía renunciando al uso de las armas.
Pero una parte de esa oligarquía, representada claramente por Alvaro Uribe, se opone al diálogo y mantiene sus actitudes militaristas y de aniquilamiento físico de la izquierda y una de sus iniciativas es la de promover la destitución del alcalde de Bogotá.
Los mecanismos de fiscalización, se usan para la destitución
Y es en este contexto en el que hay que entender la actitud del Procurador General de la República, al destituir al Alcalde Mayor de Bogotá.
El mecanismo "legal" para destituir a Manuel Zelaya o a Fernando Lugo, es similar al mecanismo "legal" para destituir a Petro, utilizar una Ley de control de la gestión de los poderes públicos, para destituir a un representante de la soberanía popular.
A los representantes del pueblo se les elije mediante el sufragio universal, es decir mediante los votos.
Por lo tanto, ningún otro órgano del Estado puede, ni debe, tener capacidad para su destitución, pues estaríamos pervirtiendo la legitimidad en la que se asienta el Estado de Derecho, entendida en su recto y justo sentido.
El pueblo elije a sus gobernantes con sus votos y el pueblo los rechaza no votándolos, en eso consiste el ejercicio de la Democracia.
Violentar la democracia, desconocer la voluntad popular, negarla, es una acción intolerable propia del fascismo y alejada del mundo civilizado que sólo conduce al enfrentamiento y alimenta de argumentos a la lucha armada contra aquellos que niegan los resultados de la democracia.
Tienen razón los ciudadanos que se manifiestan en la plaza Bolívar de Bogotá cuando dicen que su voto no se cuestiona, ellos han elegido a Gustavo Petro para bien o para mal y ellos merecen el mismo respeto que los que han elegido a Juan Manuel Santos para presidir la república.
El Procurador General, Alejandro Ordoñez, al promover la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, lo que hace realmente es anticipar la campaña electoral en la que pretende postularse como candidato a la presidencia de la república con el respaldo de Alvaro Uribe y la derecha más recalcitrante de Colombia, sacando del medio a su más directo competidor.
Gustavo Petro, ha sido boicoteado, saboteado, acosado, burlado y manipulado por la oligarquía bogotana, que ha pretendido atarlo de pies y manos para que pareciera un incapaz o un gobernante inútil, acusándole de todo tipo de fechorías, como todo eso no ha servido, acuden al Procurador General de la República para que se moje y les haga el trabajo sucio.
@ordosgonzalo
gonzalo alvarez garcía
